Aunque pondera ciertas políticas laborales, Luis Casanova, economista y funcionario de apoyo técnico para la implementación del programa Trabajo Decente de la Oficina en Argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sostiene que la deuda pendiente es la formalización de un gran porcentaje de asalariados. El profesional estuvo en Salta días atrás en el marco de las XIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población.
El Indec publicó las tasas de empleo informal y Salta tiene la más alta. ¿Por qué no se logró una mayor regularización en estos años? Hay provincias que no bajaron del 40 por ciento…
Hay que tomar como punto de partida una crisis muy fuerte que sufrió la Argentina a principios de los 2000. El empleo en negro a nivel general llegó a representar casi el 50 por ciento del total de los asalariados. Uno de cada dos empleados en 2001, 2002 y 2003 no se encontraba registrado en la seguridad social. Eso cambió profundamente producto del crecimiento económico y de un conjunto amplio de políticas laborales que se implementaron para atender esta problemática. Estas dieron resultados muy favorables, particularmente entre el período 2003 y 2008. Luego la crisis financiera internacional impactó en la economía argentina y desde ese entonces, si bien la economía ha crecido, lo hizo a un menor ritmo. Es este contexto, más macroeconómico, lo que está impidiendo que se observen mejoras más sustantivas en términos de formalización. Aun cuando desde la cartera laboral se han implementado iniciativas con el objeto de lograr resultados más auspiciosos, particularmente para quebrar la barrera del 33 por ciento en el cual se ha establecido el empleo negro a nivel nacional desde hace algunos años.
Más lejano aún entonces está el anhelo de llegar al pleno empleo…
Los niveles de desempleo que registra la Argentina comparados con otros períodos de la historia son relativamente bajos, entre el 6 y el 7 por ciento en los últimos años. Para que un país se encuentre en pleno empleo generalmente se toma una tasa cercana al 5 por ciento. No está muy lejos del pleno empleo, pero creo que el principal desafío para la Argentina está en formalizar ese 33% de empleo asalariado no registrado. Ese es el principal reto para las políticas laborales. Esto no significa que haya que descuidar el volumen de empleo, pero la formalización aparece como uno de los déficit de trabajo decente más importantes que hoy enfrenta Argentina.
¿Qué recomendaciones se les hace al Gobierno desde la Oficina de la OIT para reducir la informalidad laboral?
La Oficina para la OIT en Argentina no realiza recomendaciones a sus mandantes sino que apoya a ellos en la discusión y la elaboración de acciones tendientes, en este caso, a mejorar la calidad del empleo y lograr los objetivos de trabajo decente. En ese sentido, la Oficina de la OIT vino apoyando sistemáticamente a sus mandantes en distintos espacios de debate y de discusión sobre el diseño y la implementación de un conjunto de políticas públicas. Por ejemplo, el 13 y 14 de agosto de este año se realizó el Cuarto seminario sobre economía informal de la Argentina, en el cual se presentó un documento denominado «Caminos para la formalización laboral en la Argentina», elaborado por la Oficina de la OIT para Argentina, el Ministerio de Trabajo la Nación, la Unión Industrial Argentina (UIA), la CGT y la CTA. En el trabajo se presenta un diagnóstico de la problemática de la informalidad laboral y también ciertos aspectos que señalan un sendero de políticas tendientes al anhelado objetivo de lograr el trabajo decente para toda la población argentina.
En la gestión del Gobierno nacional actual hay dos etapas bien marcadas, la primera entre 2003 – 2008 y 2009 – 2015, en cuanto al mercado laboral y al crecimiento del salario ¿A que se debió?
El empleo formal se expandió muy fuertemente entre 2003 y 2008. Después ha crecido pero a un menor ritmo y en cuanto al tema salarial ha sido muy importante la revitalización de las instituciones clave como el salario mínimo y la negociación colectiva desde 2004. Ambos instrumentos han sido determinantes para explicar las mejoras en los salarios de la población ocupada, particularmente la formal.
¿Por qué dejó de crecer el empleo al nivel de los primeros años?
Claramente las restricciones que enfrenta hoy en día la Argentina para lograr incluso mayores avances en materia de formalización y creación del empleo obedecen a la cuestión macroeconómica: el menor crecimiento económico en comparación a la poscrisis de la convertibilidad. Hoy hay que tener en cuenta que a nivel global, particularmente las economías que son socias comerciales de la que Argentina, como Brasil, están también creciendo a un menor ritmo. Eso implica ciertas restricciones para Argentina. También hay que ver cuestiones vinculadas con el funcionamiento del aparato productivo para evitar que determinados cuellos de botella impacten en la generación de empleo de calidad.
¿La Administración Nacional está teniendo un equilibrio para hacer frente a las prestaciones de protección social como la asignación, la extensión de la jubilación y demás?
Claramente Argentina ha logrado importantes niveles de cobertura de la protección social. De hecho en muchos foros a nivel global es citada como un ejemplo en esta materia. En el tema previsional tiene la cobertura más elevada de América Latina, pero como todo sistema de protección social siempre hay metas que se van renovando y necesidades que ir atendiendo de cara al futuro. Por ejemplo, algunos de los desafíos se presentan en relación a cómo garantizar elevados niveles de cobertura en un contexto futuro de transición demográfica y envejecimiento de la población. Habrá que atender demandas viejas y actuales, como son las jubilaciones y pensiones y aquellas vinculadas al tema de los servicios de cuidados.
La OIT tiene un programa de Trabajo Decente que se había empezado a implementar en provincias como Salta. ¿Qué sucedió con esa iniciativa?
En Argentina, la Oficina de la OIT, junto a sus mandantes, han firmado por tres períodos cuatrienales consecutivos los denominados programas de Trabajo Decente. Estos implican, por un lado, que los mandantes tripartitos de la OIT, el Gobierno, las organizaciones de trabajadores y empleadores acuerdan una serie de prioridades sobre las cuales la Oficina luego brinda su apoyo técnico. Estos programas de Trabajo Decente que se han firmado a nivel nacional, y que se prevé uno nuevo para el 2016 – 2020, también se estuvieron implementando a nivel provincial. Lo interesante es que de cara al futuro se prevé canalizar la asistencia a las provincias a través del Consejo Federal del Trabajo. En éste no solo interviene el Ministerio de Trabajo de la Nación sino también todas las áreas vinculadas con la problemática de trabajo de los gobiernos provinciales.
