A través del decreto 669/2019 publicado este lunes en el Boletín oficial y firmado por Macri y todo su gabinete el gobierno alteró las indemnizaciones por invalidez y muertes resultantes de los accidentes y enfermedades laborales, ello en desmedro de la clase social trabajadora.
El artículo 1° del Decreto modifica el artículo 12 de la Ley 24.557, estableciendo que para calcular el monto de las indemnizaciones se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados – de conformidad con lo establecido por el artículo 1° del Convenio N° 95 de la OIT – por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor.
Hasta el momento, el cálculo del “ingreso base” del trabajador, lo que permite luego determinar el monto de las indemnizaciones, se realizaba según la tasa activa de los bancos. Pero a partir de ahora, se pasará a utilizar la variación del índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). La tasa anual del Banco Nación es del 71,77% y la tasa efectiva es del 100,82%, mientras que el RIPTE durante todo 2018 fue de 30,6%. Por lo tanto, los montos finales se reducirán considerablemente.
En sus argumentos, el Gobierno sostiene que la aplicación de «tasas de interés en determinados contextos macroeconómicos arrojan resultados desproporcionados que desnaturalizan el carácter del sistema de protección contra riesgos del trabajo». Agrega que la utilización de la tasa activa del Banco Nación provoca «incrementos desmedidos» de las indemnizaciones.
Asimismo, es dable destacar que la modificación tiene carácter retroactivo, es decir que se aplica a los casos anteriores a la entrada en vigencia de la norma, lo cual resulta violatorio del artículo 7 del Código Civil y Comercial. Así las cosas, en materia de derechos sociales no puede haber retrocesos en derechos sociales y laborales. O se mejoran o se mantienen como están. Esto perjudica un universo de trabajadores muy vulnerables, que son los accidentados.
Utilizar un DNU para alterar leyes laborales, resulta violatorio a lo que indica la Constitución Nacional al reglamentarlos. En tal sentido, los DNU permiten al Poder ejecutivo sancionar leyes sin que la misma transite el proceso ordinario en el Congreso. Por ello, como la herramienta es contraria al sistema republicano que adopta nuestro país, la misma deberá darse solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución, lo cual no corresponde en el caso en tratamiento.
También te podría interesar leer:
- ¿QUÉ HACER SI TRABAJO EN NEGRO Y SUFRO UN ACCIDENTE DE TRABAJO?
- LA EMPRESA LE REDUJO LAS COMISIONES, LA JUSTICIA SE LAS REINTEGRÓ
